Los Obispos del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana invocan a una mayor vigilancia en el ámbito ético-moral de las instancias del Estado y evitar los monopolios del poder.
«La comunidad civil debe recuperar su función política, pues la lucha por la eliminación de estructuras sociales injustas también corresponde a la sociedad civil, con un verdadero sentido de la legalidad», enfatizaron. A continuación, el mensaje completo del Consejo Permanente del Episcopado Peruano:
Por una cultura de la Legalidad, del Bien Común y de la Solidaridad en el Perú
“Quiero que la justicia sea tan fluida como el agua, y que la honradez crezca como un torrente inagotable”. (Amós 5,24)
Estimados hermanos, hermanas:
Ante los recientes acontecimientos políticos y sociales que involucran a los diferentes poderes del Estado y comprometen la institucionalidad, la gobernabilidad y la calidad de vida de todos los peruanos, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, como pastores y ciudadanos, les invitamos a reflexionar sobre la necesidad de garantizar la legalidad, el bien común y la solidaridad, pilares fundamentales para la paz y la justicia en nuestro querido Perú.
Respeto a la Legalidad.
La «legalidad», es el respeto y la práctica de las leyes, y constituye una condición fundamental para vivir en libertad, justicia y paz, pues su justificación más profunda proviene de la dignidad misma de la persona humana.
San Juan Pablo II en Nápoles (1990) dijo: “No hay nadie que no vea la urgencia de una grande recuperación de la moralidad personal y social, de legalidad. Sí, ¡Urge una recuperación de la legalidad!» También en nuestro país.
Anhelamos que en todas las regiones haya una decidida recuperación de la moralidad y la legalidad, y una firme educación de la conciencia de todos.
Legalidad y Bien Común
El Concilio Vaticano II afirma que «el bien común de la sociedad, consiste sobre todo en el respeto de los derechos y de los deberes de la persona humana” (Dignitatis humanae, 6).
Una conciencia y praxis viva de la legalidad exige que la formulación de las leyes obedezca ante todo a la tutela y a la realización del bien común, con especial atención a los más débiles y vulnerables.
El Papa San Juan Pablo II en Centesimus annus nos dice que: “Debemos procurar una democracia política rica en valores”, centrada en un programa de desarrollo capaz de vencer los intereses particulares o de grupos.
Por ello, los partidos políticos deben escuchar las necesidades reales de las personas, elaborar programas coherentes, construir procesos de desarrollo duraderos, y saber mediar para lograr consensos en orden al bien común.
Así mismo, la Iglesia tiene el compromiso de evangelizar, pero también el de educar y promover el bien común, pasando de la «cultura de la indiferencia» a la «convivencia de diferencias».
Solidaridad y Bien Común
La solidaridad, como exigencia de la fraternidad humana y cristiana (Cfr. Catecismo de la Iglesia católica No. 1939), se manifiesta en la equitativa distribución de bienes, en el esfuerzo por un orden social más justo donde las tensiones puedan resolverse, y donde los conflictos encuentren su solución dialogada para el bien común. (Catecismo de la Iglesia católica 1940).
La solidaridad se consigue con la participación activa de todos, pues un profundo sentido y vivencia de solidaridad debe conectar a los grupos política y económicamente más fuertes con los más débiles, con una mayor vigilancia en el ámbito ético-moral de las instancias del Estado, evitando monopolios de poder.
Debemos caminar hacia una sistemática educación de las conciencias, tarea a la cual la Iglesia se siente directamente comprometida en virtud de su misión pastoral.
Criterios para construir la cultura de la legalidad, del bien común y de la solidaridad.
Para que la vida social se desarrolle conforme a los principios de la legalidad son necesarias algunas condiciones:
– La existencia de claras y legítimas reglas de comportamiento que, antepongan el bien común a los intereses particulares;
– La corrección y transparencia de los procedimientos
– La estabilidad de las leyes que regulan la convivencia civil;
– La aplicación obligatoria de las normas para todos;
– La eficiencia de estructuras sociales para el ejercicio de los derechos;
– La atención prioritaria de los más débiles y vulnerables y atención preferencial a los pobres, marginados y descartados de la sociedad.
Invocación al compromiso del Estado, de los políticos y de la sociedad civil.
Quienes tengan responsabilidades políticas y administrativas deben cultivar virtudes como el desinterés personal, el respeto a la dignidad humana, el sentido de la justicia y la caridad.
La política debe facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales de la vida comunitaria y social.
La comunidad civil debe recuperar su función política, pues la lucha por la eliminación de estructuras sociales injustas también corresponde a la sociedad civil, con un verdadero sentido de la legalidad.
La atención a las necesidades debe ser la primera preocupación de la política, por lo que este compromiso debe ser asumido por todos e inspirado en el espíritu de servicio, transparencia y competencia.
Dios Bendiga al Perú
Lima, 26 de junio de 2024
Los obispos del Consejo Permanente
